Economía en México

Clima de inversión en México según EUA: puntos destacados

23/10/2020

Con una elección presidencial en marcha, sumada a la crisis económica y de salud por el brote de COVID-19, el gobierno de los Estados Unidos recientemente dio a conocer sus reportes de clima de inversión en varios países, incluido por supuesto, México.

En este informe, el principal socio comercial de nuestro país mapeó las políticas regulatorias, financieras, legales, laborales, fiscales e industriales que caracterizan a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. A continuación presentamos sus aspectos más relevantes. 

Clima de inversión en México según EUA

Aunque los reportes de prensa mayormente se enfocaron en el diagnóstico general de “degradación” (por la baja de calificación a la deuda soberana y la débil respuesta fiscal a la situación del COVID-19, entre otros factores), la “Declaración de clima de inversión en México” va más allá del panorama a corto plazo.

Así, el documento publicado por el Departamento de Estado de los EUA consta de 11 apartados con los siguientes títulos: 

1. Apertura y restricciones a la inversión extranjera
2. Tratados bilaterales de inversión y tributación
3. Régimen legal
4. Políticas industriales
5. Protección de los derechos de propiedad
6. Sector financiero
7. Empresas de propiedad estatal
8. Conducta empresarial responsable
9. Corrupción
10. Entorno político y de seguridad
11. Políticas y prácticas laborales

Para propósitos de este artículo, los agrupamos en 3 grandes temas: 1) apertura al comercio y a la inversión extranjera directa (IED), 2) facilidad de hacer negocios y 3) certeza jurídica y de inversión.

Apertura al comercio y a la inversión extranjera directa 

La ratificación e inicio del nuevo Tratado de libre comercio México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) reafirma el legado de integración económica que dejó 25 años de NAFTA/TLCAN.

En cuanto a dimensiones del mercado, en 2019 México y los EU intercambiaron 614.5 mil mdd en mercancías, un crecimiento de 654% de 1993-2019 y la primera vez que nuestro país supera a Canadá y China.

Así, el renovado acuerdo no sólo da continuidad al intercambio de mercancías entre las tres partes, sino que profundiza las cadenas productivas (con mayores porcentajes de contenido regional) al tiempo que refuerza la confianza de inversionistas del vecino país del norte.

De igual forma, los EUA no dudan de que México es un país abierto a la IED, e históricamente han sido nuestra mayor fuente de IED. Tan sólo en 2019, de los EU llegaron 12 mil 700 millones de dólares (mdd), casi 39.7% del flujo total en México. Los sectores automotriz, aeroespacial, de telecomunicaciones, servicios financieros y electrónica fueron los mayores receptores.

Aunque las inversiones se concentran en la zona fronteriza –particularmente Tijuana, con maquilas y componentes de exportación–, así como en las regiones de Ciudad de México y Bajío (Guanajuato, Querétaro, SLP, etcétera), en EUA están atentos a las posibilidades que se presentarán a futuro en el sureste de México por obras como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Así, el territorio mexicano es un lugar muy atractivo para establecer operaciones, al combinar el acceso preferencial a capitales y productos estadounidenses, estabilidad macroeconómica, una base creciente de millones consumidores y fuerza laboral calficada y barata.

Esto beneficia a empresas que buscan reubicar su operación y restablecer sus cadenas de suministro mediante el esquema de nearshoring en México, esto dada la fragilidad que mostró la proveeduría en países asiáticos por el COVID-19.

Facilidad de hacer negocios

De acuerdo con el Banco Mundial, registrar una compañía con capital extranjero en México requiere un promedio de 11 trámites que toman alrededor de 31 días.

Adicionalmente, toda aquella IED que no rebase los 165 mdd prácticamente recibe aprobación automática de las autoridades, lo que representa que un 95% de las transacciones no requiera autorización gubernamental.

La mayoría de los sectores nacionales están liberalizados, con excepción de aquellos considerados como estratégicos o de seguridad nacional como hidrocarburos (manejado por Pemex) y gran parte del sistema eléctrico mexicano (controlado por CFE).

Por otro lado, existe un incipiente pero creciente mercado de títulos en proyectos públicos o privados, donde capitales extranjeros pueden participar ya sea en la adquisición de Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces (FIBRA) o Certificados de Capital de Desarrollo (CKDes) listados en la Bolsa Mexicana de Valores.

En cuanto al acceso a mano de obra, pese al porcentaje de informalidad del 56.4% (más alto que el promedio de países con PIB similar), el gobierno federal ha sido razonablemente efectivo en implementar la legislación laboral para compañías medianas a grandes, especialmente plantas de fabricantes estadounidenses y otras industrias de jurisdicción federal.

Asimismo, el T-MEC cuenta con un nuevo capítulo laboral que incluye un mecanismo de solución de controversias, y en el que además México asumió compromisos específicos para asegurar la representación de los trabajadores en negociaciones colectivas.

Certeza jurídica y de inversión

Existen provisiones legales que protegen la propiedad privada extranjera, como la figura del fideicomiso, que permite al inversionista foráneo el uso, desarrollo, venta y transferencia de inmuebles, incluso en “zonas restringidas” (50 kilómetros desde la costa y 100 kilómetros desde las fronteras).

Adicionalmente, México está alineado con instrumentos multilaterales que promueven el movimiento libre de inversiones globales, como el Código de Movimientos de Capital de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En el ámbito de la seguridad –uno de los temas pendientes del gobierno federal–, la Cámara de Comercio de los EUA en México estimó que un 5% de los costos operativos para compañías extranjeras están dedicados a este rubro.

Y en el tema de combate a la corrupción, la administración López Obrador ha implementado y propuesto leyes más estrictas contra los sobornos, con penas de 5 hasta 10 años de prisión. Además, nuestro país ha ratificado y es parte de convenciones en la materia tanto en la OCDE como en la Organización de Estados Americanos y la ONU.

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